FALSO VICTIMISMO.

EL RUIDO : Julio 2019

El alcalde de Alicante, Luis Barcala sigue erre que erre con la cantinela de sus denuncias por el "incumplimiento" del compromiso de la Generalitat Valenciana respecto a la construcción de los tres centros de salud de Garbinet, Condomina y Pau2 en la capital alicantina.

Barcala asegura con toda desfachatez que el Ayuntamiento ha cumplido ya con todo lo que la Conselleria de Sanidad le ha exigido y que los terrenos están ya cedidos y asegura que la Generalitat está demorando el proceso al no licitar los proyectos, algo imprescindible para comenzar las obras.

Además, y de paso, lamenta la relación "tan compleja" (?) que tiene con la Conselleria de Sanitat dirigida por la socialista alicantina Ana Barceló. Un problema que dice le trasladará al president de la Generalitat, Ximo Puig, para tratar de buscar una solución conjunta.

LAS NUECES :

El compromiso de la Generalitat Valenciana para la construcción de esos tres centros se remonta al año 2005 en que se firmó el convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante por el que el Ayuntamiento se comprometía a ceder los terrenos y la Generalitat a construir y dotar los tres centros de salud.

La triste realidad es que han pasado catorce años (sí...¡14 años!) desde la firma del convenio y el Ayuntamiento de Alicante nunca ha cedido legalmente los terrenos necesarios, más allá de las declaraciones oficiales. 

Declaraciones rimbombantes, muchas. Cesiones por Acta Notarial y Registro de la Propiedad, ninguna.

Solo muy recientemente (en febrero 2019) se produjo la cesión formal y legalizada de uno de los terrenos, el del centro de salud de Garbinet.

Según fuentes de la Consellería de Sanitat, la Consellería lo recepcionó el 11 de febrero y el 22 de febrero ya apareció en el DOG (Diari de la Generalitat).

Casi inmediatamente, el 11 de abril, la Consellería publicó el pliego de condiciones para las ofertas de construcción y en muy breve plazo se cerrará la adjudicación de la obra.

Así que en solo tres o cuatro meses desde la recepción del terreno se procederá a la adjudicación de las obras de Garbinet.

En los otros dos casos (Condomina y PAU2), sencillamente a día de hoy el Ayuntamiento no ha cedido formalmente los terrenos, pese a las quejas reiteradas del alcalde Barcala.

En el caso de Condomina ni siquiera es probable que se pueda ceder a corto plazo porque la parcela está pendiente de un proceso de segregación que tiene que realizar el Ayuntamiento, un trámite que no es precisamente rápido.

Y ello a pesar de las contínuas y repetidas peticiones de la Consellería para que se acelere el proceso, la última vez en el pasado mes de mayo.

En el caso de PAU2 tampoco es probable que el Ayuntamiento pueda ceder formalmente los terrenos porque todavía está pendiente de realizarse una modificación del estudio de  detalle en las características de la parcela, modificación que la Consellería también ha reclamado repetidamente al Ayuntamiento (la última vez en el pasado mes de abril).

Lo que hace más incomprensible la cantinela victimista del alcalde Barcala es que todos estos datos son perfectamente conocidos por el equipo de gobierno municipal de Alicante ya que lógicamente se mantiene un contacto directo y permanente entre los técnicos de la Consellería y los del Ayuntamiento.

Es cierto que se trata de unas cesiones patrimoniales de cierta complejidad y que llevan su tiempo. Pero lo que no es de recibo es que el alcalde Barcala intente derivar las responsabilidades del Ayuntamiento y pasar la pelota al tejado de la Generalitat, que poco o más bien nada puede hacer al respecto.

A menos que lo que pretenda Barcala es que la Generalitat Valenciana, incumpliendo la legislación, proceda a realizar  gastos sobre unos terrenos de los que no es todavía propietaria. Esa figura delictiva oscilaría entre la prevaricación y la malversación de caudales públicos, según fuentes fiables de la Abogacía de la Generalitat.

Más que nada y por el bien de la ciudadanía de Alicante sería deseable que para cuando el alcalde Barcala se reúna con el president Ximo Puig, en lugar de seguir lamentándose de lo "compleja" que es su relación con la Consellería de Sanitat...llevase consigo en su portafolios los títulos notariales y registrales de las dos parcelas de Condomina y PAU2, debidamente legalizados.

Si no es demasiada molestia, vamos.

¿QUÉ PASA CON EL SINDICATO SANITARIO SATSE?

El sindicato de enfermería SATSE es (junto con CCOO y UGT) una de las tres principales organizaciones sindicales de la sanidad pública valenciana.

Su representación en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Generalitat alcanza los 101 delegados, un 17% del total.

Más allá de esta aritmética electoral, el SATSE debería constituirse en un factor esencial en la definición de la estrategia de Sanitat respecto al personal de enfermería, un componente básico para establecer adecuadamente la política sanitaria de la Consellería de Sanitat en su despliegue territorial así como la defensa de los intereses y las condiciones laborales del personal de enfermería.

Sin embargo, el sindicato SATSE está llevando a cabo una campaña de desinformación y emisión de noticias alarmistas sin datos contrastados, tanto en medios de comunicación públicos como a nivel interno entre sus afiliados que ponen seriamente en duda su credibilidad y su preocupación por la defensa de los intereses reales de sus afiliados.

Sirvan dos ejemplos en el plazo de un mes escaso :

1 de Junio 2019 : El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la puesta en marcha del Plan Remot de la Consejería de Sanidad por el que las ambulancias de SAMU dejarán de acudir a los avisos de urgencias y emergencias que lleguen al Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat CICU en las zonas rurales.

Pero la Consellería de Sanidad asegura en incomunicado oficial que esta información no es verídica y en absoluto se va a dejar de enviar ambulancias SAMU a localidades del interior del territorio cuando sean requeridas.

La Consejería ha remarcado que ante una llamada al 112 por una urgencia vital o una emergencia en los municipios rurales se generará “de inmediato la movilización simultánea del equipo de Atención Primaria y una unidad SAMU o Soporte Vital básico, o incluso un helicóptero".

Lo que contempla el Plan Remot es precisamente una notable mejora de la asistencia sanitaria en las zonas “remotas” que consiste en un plan de formación y capacitación del personal de Atención Primaria para que puedan atender más inmediata y adecuadamente las emergencias con compromiso vital junto con el equipamiento de más y mejores medios de comunicación de las emergencias al Centro de Urgencias para que los profesionales sanitarios puedan solicitar con mayores garantías el envío de ambulancias SAMU.

1 de Julio 2019 : SATSE denuncia públicamente el cierre de unas 3000 camas en la red hospitalaria valenciana como consecuencia de los recortes de la temporada de verano.

Sanidad dice que es “rotundamente falsa” la noticia publicada por el sindicato SATSE sobre el cierre de 3.000 camas en la red hospitalaria pública este verano.

Es más, asegura que incluso habrá más camas operativas que el año pasado.

El error de bulto de SATSE consiste en sumar los anuncios de las camas que efectivamente se planifica cerrar en los meses de Julio, Agosto y Septiembre como si fueses camas diferentes cuando en realidad son básicamente las mismas.

A mayor abundamiento, Sanitat informa que el Plan de Vacaciones y Refuerzos de este verano 2019 incluye un presupuesto de 61,3 mill€, un 7% superior al de 2018.

Esta inversión se traducirá en la contratación temporal de casi 9.500 profesionales, un 9% más que en 2018.

Todos estos datos no son en absoluto “confidenciales” y son (o deberían ser) perfectamente conocidos por el sindicato SATSE, cuyo acceso a la consellería y sus responsables es fluído y constante.

Así que, volviendo al inicio….¿qué pasa con el sindicato SATSE?

¿Con qué nueva Fake New nos sorprenderán el 1 de Agosto?

¿Y el 1 de Septiembre?

UN DESATINO MAS

OTRO AUTENTICO DESATINO DE LA HERENCIA DEL PP

AÑOS DE RECORTES DURANTE LOS SUCESIVOS GOBIERNOS DEL PARTIDO POPULAR Y EL FIASCO DE UNA GESTIÓN SANITARIA DE PARCHES Y CONTRATOS CON EMPRESAS INFORMÁTICAS POR DEPARTAMENTOS O COMUNIDADES, HAN HECHO QUE NO EXISTA UN SISTEMA GLOBAL DE ACCESO A DATOS CLÍNICOS.

En este sentido los años de gobiernos del partido popular han vendido y comerciado con nuestros derechos, llevándonos a un estado actual que impide que un ciudadano de Ribarroja (hospital de Manises y sistema informático propio), pueda ser atendido con garantías de conocimiento de sus datos médicos en Castellón (por poner un ejemplo).

O que un paciente que es atendido de urgencias en el Hospital General de Valencia (sistema Pangea de historia clínica), no puedan los profesionales tener acceso a sus datos porque viene del departamento de la Fe, por poner otro ejemplo.

Esta falta de interoperabilidad es extensible a pacientes de otras comunidades autónomas, las 17. 

La solución más sencilla sería pensar, y de hecho se ha pensado, en que la historia clínica de cada paciente se lleve “grabada a silicio o con fotones ya más modernos” en el DNI o en la tarjeta sanitaria inteligente, y se acceda a ella en cada hospital o centro sanitario de cualquier tipo por los profesionales sanitarios.

Otra solución (preferible, aunque difícil de conseguir) sería mejorar el sistema de historia clínica digital del ministerio de Sanidad, con absoluto respeto a la protección de datos clínicos

Es cierto que se trata de una operación costosa en términos económicos, pero toda inversión desde lo público en tecnología sanitaria, es económicamente rentable.

La telemedicina (tele-diagnóstico, tele-intervenciones…..) ha supuesto una revolución que permitirá accesos a los mejores tratamientos desde zonas remotas y debemos explorarlos para salvar las barreras físicas…o informáticas. Y la primera de esas barreras es la falta de interoperatividad entre los diferentes sistemas informáticos del sistema nacional de salud.

Con todo lo que nos está llegando, la creación de la nueva Secretaría Autonómica de Tecnología y Eficiencia Sanitaria era una necesidad ineludible a la que, afortunadamente, se ha atendido desde el gobierno valenciano.

La nueva responsable de la Secretaría Autonómica, Concha Andres, además de los retos descritos, tiene otros como la formación en TICs a los y las profesionales, ya que las TICs están instaladas en nuestra vida pero su uso todavía es un casi un mito en la medicina práctica habitual.

Dra. Raquel Mateu Rodrigo

Médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública

Dpto. de Salud Valencia Hospital General

BUEN COMIENZO

La Consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana Ana Barceló estrena su segundo mandato al frente de la Consellería con una ronda de contactos con los sindicatos sanitarios CCOO, CSIF, SATSE, CESM, UGT e Intesindical para dignificar la sanidad y eliminar las desigualdades.

Ana Barceló, ha dicho que desde su llegada a este cargo el diálogo con todos los agentes sociales es el inicio para llevar a cabo grandes proyectos, por lo que es muy importante el trabajo conjunto en el principal reto de mantener y extender la mejor sanidad universal pública y de calidad, eliminando cualquier tipo de desigualdad y facilitando el acceso a toda la ciudadanía.

Para Ana Barceló esa mejora de la sanidad pública pasa ineludiblemente por una mejora real de las condiciones laborales de todos los estamentos sanitarios, incluyendo por supuesto la estabilidad laboral, una mayor proyección y un reconocimiento efectivo de la labor de los profesionales sanitarios.

SANIDAD EN EL BOTANIC II

Víctor Josep Girbés Ruiz

Cardiólogo

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

SANIDAD EN EL BOTANIC II DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La oportunidad de ser referente de una gestión pública, eficiente y de calidad.                                                                    

Se acumulan noticias en los medios que nos hablan de cómo será nuestra vida en el futuro. En el no tan lejano 2030 un  25% de los valencianos tendrá  más de 65 años y para el 2033 España será  el país con más longevidad del mundo (Estados Unido no entra ni entre los 5 primeros pese a tener un gasto sanitario el triple que el nuestro). 

Tras superar una durísima crisis económica, en la que no se puede negar que los profesionales aguantaron el tipo con muestras de dignidad y abnegación sobresalientes y donde el sistema se estresó al máximo pero sin llegar a quebrarse, llega el momento de pensar la Sanidad que queremos para el futuro.

Si realizamos esta pregunta a la mayoría  de nuestros conciudadanos y tras ver el resultado electoral del Mayo pasado, lo tienen claro : una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad… y yo añadiría “gestionada de forma directa por la consellería” lo que garantizará que el principal motor de la misma sea el beneficio del paciente y no la cuenta de resultados de una empresa privada.   

                                         

La primera legislatura del Botànic ha sido una legislatura marcada por la recuperación de derechos, la ampliación de coberturas, la adecuación de infraestructuras y la recuperación de la dignidad profesional con la primera OPE en 20 años.      

                     

En esta segunda legislatura, no obstante, existe la oportunidad de que la sanidad pública valenciana sea un referente dentro de la Sanidad Española.

Para ello necesitamos, en primer lugar, una financiación justa porque, lógicamente, sin profesionales sanitarios no hay Sanidad, y eso nos exigirá una adecuación de plantillas de personal y unas condiciones laborales y económicas justas, pero no solo ésto.

Debemos profundizar en la reducción de la temporalidad, con  OPEs periódicas, a ser posible, basadas en el número de interinos reales que se desea consolidar.

Es momento de mejorar de forma coordinada con los agentes sociales las condiciones de nuestros profesionales para que no emigren. No merecen ser más que nadie, pero tampoco menos.

Es momento de potenciar la atención primaria y la atención domiciliaria estableciendo un  eficiente circuito de colaboración entre Primaria, Geriatría  (que debemos desarrollar) y Especializada.

Profundizar los procesos de reversión a lo público con el objetivo del Dpto de Salud de Denia, a la que ya se le prometió volver a lo público en el horizonte.

Potenciar el uso de vías clínicas para que todos los valencianos puedan acceder a  la cartera de servicios en igualdad.

Es imprescindible reducir la lista de espera para avanzar en equidad, no solo mediante el autoconcierto,  sino mediante un dimensionado adecuado de las plantillas.

Potenciar una atención primaria de calidad, disminuyendo la demora en la citación y aumentando el tiempo de visita por paciente.

Y por último, en la sociedad actual es imprescindible rendir cuentas a nuestros ciudadanos, por lo que podría ser una buena idea impulsar una agencia de transparencia, calidad y desarrollo profesional dentro de sanidad, donde se evalúe no solo  el desempeño de todos y cada uno de los profesionales sino también el de los centros y estructuras, no con intención fiscalizadora pero sí de detección de oportunidades de mejora.

La suerte es que contamos con un equipo preparado y experimentado, que con la Consellera Barceló de nuevo al frente, seguro que asumirá exitosamente el reto.

Vamos a ponernos manos a la obra. 

Podemos convertir la Sanidad pública en la bandera del nuevo Botànic2, apuntalando el “momento valenciano” que defiende Ximo Puig y mejorando la vida de nuestros ciudadanos.

Seguro que nos lo agradecerán.           

            

DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PUBLICA CANARIA

Hemos recibido varios comentarios negativos sobre nuestro reciente tweet en el que poníamos en duda que quedase mucho por desmantelar en el Servicio Canario de Salud, tras décadas de gestión de la sanidad pública canaria por parte de la derecha.

Con el máximo respeto al loable esfuerzo y la abnegada dedicación de los profesionales de la sanidad pública canaria queremos hacer algunas puntualizaciones en relación con los resultados de la gestión del gobierno y el parlamento de Canarias respecto a la sanidad pública.

Que la sanidad pública canaria ha estado gestionada fundamentalmente por la derecha en las últimas décadas es un dato objetivo incuestionable.

Desde la Preautonomía (abril 1978) hasta la actualidad (mayo de 2019) han pasado 41 años. En este período, durante más de 34 años en Canarias han gobernado la UCD, el CDS y Coalición Canaria . 

El PSOE, en varios períodos nunca consecutivos, ha gobernado poco más de 6 años.

Respecto a los resultados de la gestión pública...más vale repasar los datos antes de opinar.

1 - El presupuesto por habitante para la sanidad pública canaria es de 1.334 euros per cápita.

Solo Andalucía y Madrid tienen presupuestos sanitarios más pobres.

Por tanto, es bien poco lo que queda por desmantelar vía presupuestos.

2 - Y lo que es peor, hasta casi un 10% del total del escaso presupuesto de sanidad del gobierno y el Parlamento de Canarias va a parar directamente a la industria sanitaria privada vía conciertos administrativos.

Canarias figura destacadamente, junto a las comunidades autónomas de Baleares, Madrid y Cataluña, en la vanguardia de la privatización sanitaria en España.

Obviamente siempre quedará espacio para privatizar algo más...pero no es fácil.

3 - ¿Qué consecuencias prácticas tiene esta escasez presupuestaria y su importante derivación a la industria sanitaria privada?

El impacto es dramático.

La escasa asignación presupuestaria de la sanidad pública canaria se traduce obviamente en un deterioro del servicio sanitario. Menos personal sanitario, menos hospitales, menos camas hospitalarias, más demoras en la atención primaria, la atención especializada y la atención hospitalaria, ...

4 - Este deterioro del servicio público origina un trasvase casi obligado de pacientes hacia el sector privado tanto en atención primaria como en la hospitalaria.

Según el último Barómetro Sanitario del CIS, en estos momentos y junto con Baleares, Canarias es la comunidad autónoma en la que es MENOR el porcentaje de ciudadanos que eligirían la sanidad pública en lugar de la privada si pudiesen elegir sin condicionantes de ningún tipo.

5 - Y ésta pobre preferencia por la sanidad pública es así porque en Canarias se produce la mayor proporción de ciudadanos que tienen una "mala o muy mala" opinión sobre el servicio público de salud regional.

Exactamente un 44,9% de los canarios tiene esa opinión mala o muy mala.

Se trata, con diferencia, de la comunidad autónoma con peor opinión sobre su sanidad pública.

6 - ¿Tienen o no tienen razón los ciudadanos canarios para quejarse tanto de su sanidad pública?

Tienen razón. Toda la razón.

La lista de espera quirúrgica en Canarias es sencillamente escandalosa. La peor de España, con diferencia.

Según los datos a 30 de diciembre de 2018 del Sistema de Información de Listas de Espera del Ministerio de Sanidad (SISLE-SNS), para el conjunto de España, la demora quirúrgica media es de 93 días.

Pero los ciudadanos canarios que deben ser intervenidos quirúrgicamente tienen que esperar, como media, 147 días desde que se les diagnostica la necesidad de una operación.

7 - Y el escándalo del Servicio Canario de Salud no se limita a la Lista de Espera Quirúrgica.

Comienza directamente en la Atención Primaria.  Canarias tiene una de las peores respuestas a las peticiones de consulta para asistencia primaria (en competencia con Cataluña y Baleares)

Según el último informe (2018) de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en las peticiones de asistencia primaria, sólo el 27,4% de las mismas son atendidas en 24 horas en el Servicio Canario de Salud.

La media para toda España es del 47,5%.

En resumen, el Servicio Canario de Salud representa el paradigma de las consecuencias de la privatización de la gestión sanitaria.

Menos presupuesto público para la sanidad, menos recursos, peores índices de atención en todos los escalones de la atención sanitaria...
Se puede decir claramente que la sanidad pública canaria lleva ya mucho tiempo desmantelada.

Y el próximo 26 de mayo tendrán lugar las elecciones autonómicas de la comunidad autónoma de Canarias.
Según la última encuesta del CIS todavía no está claro que los partidos de izquierda puedan lograr la mayoría de escaños en el Parlamento y, por tanto, pueda producirse un cambio de gobierno.

POLITICA FISCAL

Albert Rivera (Ciudadanos) ha calificado la política fiscal que ha propuesto el PSOE en su programa electoral ganador como "un sablazo intolerable a las clases medias y trabajadoras españolas".

Es obvio que el concepto de "clase media y trabajadora" de Albert Rivera y de Ciudadanos está en las antípodas de lo que la gente normal entiende por tal.

En concreto, lo que propone el PSOE exclusivamente es un incremento de la tarifa del IRPF en los tipos máximos.

Exactamente, para los contribuyentes cuyos ingresos anuales superen los 130.000 euros (o sea, unos ingresos MENSUALES de 10.833 euros), el PSOE propone subir el tipo 2 puntos, desde al actual 45% hasta un 47%.

Y para los contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 300.000 euros (o sea, unos ingresos MENSUALES de 25.000 euros), el PSOE propone subir el tipo 4 puntos, desde al actual 45% hasta un 49%.

No entraremos a definir el concepto de "sablazo", que es muy ambiguo. 

Pero lo que no es nada ambiguo es que contribuyentes con ingresos mensuales de 10.000 o 25.000 euros puedan ser calificados como "clase media y trabajadora".

¿ Verdad que no ?

¡Pues eso!

Porque lo que hace irreal la calificación fiscal de Albert Rivera es que el conjunto de los contribuyentes afectados por esa modificación del IRPF que propone el PSOE  alcanzaría tan solo a unas 90.000 personas, que son precisamente las únicas en toda España cuyos ingresos mensuales superan esas cotas.

El resto de los 19 millones de españoles que pagan a Hacienda no se verían afectados por el "sablazo", signifique lo que signifique esa palabra.

Respecto a las modificaciones propuestas por el PSOE para los impuestos de Sucesiones o Patrimonio ni vale la pena hablar. Se aplicarán a un número tan escaso de contribuyentes y son tan ligeras que es ridículo intentar compararlas con la situación real de "la clase media y trabajadora".

Finalmente, el otro caballo de batalla de la propuesta fiscal del PSOE es la referida a la fiscalidad empresarial.

Ahí si que hay incrementos impositivos significativos...aunque ciertamente solo aplicables a las grandes o grandísimas corporaciones multinacionales españolas.

La situación de partida es que esas grandes empresas, en su conjunto, apenas tributan en España.

El promedio de las grandes corporaciones multinacionales españolas con "cuentas consolidadas" es que finalmente tan solo pagan alrededor del 5% de sus beneficios, gracias a las numerosas bonificaciones y exenciones fiscales legales que pueden aplicar a su cuenta de resultados.

Y no estamos hablando de fraude fiscal en sentido estricto : son producto de la aplicación  de la legalidad fiscal vigente.

Frente a esa bajísima contribución de las grandes corporaciones empresariales, una pequeña o mediana empresa (aquellas sin consolidación fiscal, sin filiales en el extranjero o con facturación anual inferior a 20 millones de euros) cotiza entre el 20 y el 25% de sus beneficios.

La propuesta del PSOE es que las grandes corporaciones contribuyan con un mínimo del 15% de sus beneficios, por mucha ingeniería fiscal legal que apliquen a sus cuentas de resultados.

Así que tampoco se trata de ningún "sablazo" a la inmensa mayoría de las empresas españolas.

Lamentablemente (¡ojalá hubieran muchas más!) se trata de un muy reducido grupo de grandes empresas que hasta ahora se están escabullendo de sus obligaciones fiscales y que ya es hora de que empiecen a contribuir como las demás empresas sobre las que ahora recae casi exclusivamente la carga fiscal empresarial.

Obviamente la propuesta fiscal de Ciudadanos y Albert Rivera (como la de Pedro Casado y el PP) está a años luz de la clase media y trabajadora...y sus propuestas de rebajas fiscales generalizadas solo sirven a los intereses de los grandes contribuyentes que no necesitan de un Estado de Bienestar que les garantice Sanidad y Educación pública universales y de calidad o unos sueldos y pensiones dignas.

Pero no nos escandalicemos : es normal que cada partido tenga la política fiscal que más beneficie a "los suyos".

El PSOE también lo hace : su política fiscal beneficia a los trabajadores.

Cada uno a lo suyo.