Para la ciudadanía de Baleares la
preocupación por la sanidad pública siempre ha sido máxima…y con toda la razón.
Los años de gobierno del Partido
Popular, junto con los recortes originados por la crisis económica colocaron en
estado crítico a la sanidad pública balear
Las encuestas anuales del Centro
de Investigaciones Sociológicas para el Ministerio de Sanidad muestran
claramente que la sanidad figuraba precisamente entre las áreas de mayor
preocupación de la población.
En 2014, al final de la etapa de
gobierno del PP, nada menos que un 31,5% de la población de les Illes Balears
consideraba a la sanidad pública como el asunto prioritario. Una de las tasas
más altas de España.
En 2018, tras los cuatro años de
legislatura del gobierno de la socialista Francina Armengol (enfermera, por cierto), este nivel de preocupación ha
descendido notablemente hasta el 25,5%, incluso por debajo de la media de
España.
Ello es así porque en el mismo
período la preocupación ciudadana por la sanidad pública ha aumentado en el
conjunto de España desde el 28,2% hasta el 29,2%.
¿Qué factores han ocasionado este
drástico cambio?
Desde el mismo momento de su toma
de posesión, el gobierno de la presidenta Francina Armengol ha
situado a la sanidad pública entre sus máximas prioridades.
Gracias a esta determinación se
ha pasado de una financiación presupuestaria de
1.075,56 euros por habitante en 2014 a los 1.483,34 euros en 2019.
Un crecimiento del 38% en tan
solo una legislatura que ha hecho saltar a la sanidad pública balear desde el furgón
de cola entre las CCAA a las puertas del pelotón de cabeza.
Obviamente esta asignación de
recursos financieros ha permitido mejorar muchos de los aspectos de la gestión
sanitaria aunque por sí sola no explica todos los logros conseguidos.
La política de la Consellería de
Sanitat dirigida por la socialista Patricia Gomez respecto a la racionalización
en la asignación de recursos y la innovación en los procedimientos y los
protocolos han sido factores decisivos.
Desde un punto de vista objetivo,
el conjunto de los 33 parámetros cuantitativos que utiliza la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública para establecer
el ranking de calidad los servicios públicos de salud de las 17 Comunidades
Autónomas sitúa a la Sanidad Balear en
la mitad de la tabla, exactamente en el puesto 9 sobre 17.
A simple vista puede parecer una
posición no particularmente brillante…hasta que se analiza el trayecto
recorrido en tan solo los cuatro años de la pasada legislatura.
¡Se partía de la posición 14!
Como no podía ser de otra forma,
este cambio cuantitativo ha tenido su reflejo en los importantes cambios
cualitativos en la opinión de la ciudadanía la Comunidad Autónoma de Baleares.
En efecto, no solo ha descendido de
forma notable el nivel de preocupación de la ciudadanía por la sanidad.
Los informes del CIS certifican
palmariamente la intensidad de los cambios producidos respecto a la evaluación
ciudadana, hasta el punto de que en 2019 un 73% de los usuarios consideran muy
aceptable la calidad de la asistencia.
En 2014 solo un 58,2% tenía esa
opinión favorable.
Este incremento de las opiniones
favorables (11,8 puntos porcentuales en tan solo cuatro años) adquiere más
relevancia aún si se lo compara con la mejora detectada en el conjunto de
España : Baleares mejora justamente el doble que la media de las CCAA.
Con la misma contundencia se
manifiesta la ciudadanía cuando se le pide que puntúe de 1 a 10 la calidad del
sistema sanitario público.
La “nota media” ha pasado de un 6,24
en 2014 a un 6,57 en 2019.
Entre otras cosas, eso significa
que la evaluación ya supera aunque sea por poco la media española.
Es obvio que partiendo de una
situación tan crítica como la que heredó el nuevo equipo de la Consellería de
Sanitat, todavía quedan problemas acuciantes por resolver.
Se trata especialmente de las
demoras en Atención Primaria, las listas de espera quirúrgica y diagnóstica,
las bajas ratios de médicos y sobre todo enfermeras, la precariedad originada
por la excesiva tasa de temporalidad del personal sanitario (una de cada tres
enfermeras tiene un contrato temporal), el importante nivel de externalización
de servicios sanitarios asistenciales, las dificultades relacionadas con la
implantación del requisito lingüístico en la contratación de personal sanitario,
etc., etc.
En todos los casos se han
producido importantes mejoras, se ha salido de la UCI y se ha pasado a planta…pero queda todavía un
largo camino que recorrer para situar calidad asistencial de la sanidad pública
balear a la cabeza de las CCAA.
No obstante la experiencia de los
cuatro años de la pasada legislatura permite divisar un horizonte de esperanza
bien fundada.
Y con las enfermeras al timón,
este horizonte se percibe más cercano.
Como dice Maria Antonia Font, Directora General de Salud Pública (otra enfermera) “el
compromiso es aplicar la metodología del CUIDADO para una sanidad pública
universal y equitativa”.
Quedan por delante cuatro años apasionantes.
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