LA GESTIÓN DE LA SANIDAD DEL PARTIDO
POPULAR: RECORTES Y PRIVATIZACIÓN
El modelo
sanitario del Partido Popular se caracterizó por el oscurantismo, los recortes
que tuvieron como consecuencia la pérdida de derechos, la privatización
progresiva de los departamentos de salud y la tecnología sanitaria, y el no
reconocimiento de problemas (fundamentalmente las listas de espera).
PRIVATIZACIÓN
La privatización
de la sanidad de la Comunitat Valenciana comenzó en el año 1999 con Eduardo
Zaplana, y se extendió posteriormente de la mano del presidente Francisco Camps. Una gestión marcada desde
sus inicios por la opacidad, y condenada a la ruina.
Se llevó a cabo a través
de un modelo de concesión administrativa en el que una UTE privada gestionaba
la asistencia sanitaria de un Departamento de Salud. La privatización fue más
lejos con el tiempo, con externalización de servicios como el de la
Hemodiálisis ambulatoria y de alta tecnología, como las resonancias magnéticas
y el TAC.
EL MODELO ALZIRA
En el 1999 se
inaugura el Hospital de la Ribera con un modelo de concesión administrativa en
el que se establece un pago capitativo de 204 euros por habitante al que da
cobertura el hospital. La UTE recibiría también ingresos en función de la
asistencia realizada a personas de fuera de su departamento de cobertura y, al
mismo tiempo, la UTE debería compensar a la conselleria por los pacientes de su
departamento de gestión, que hubieran sido atendidos en otros departamentos
dependientes directamente de la Generalitat Valenciana.
En 2002, tras percatarse la UTE de no tener
los beneficios esperados, la Conselleria rescinde el contrato de mutuo acuerdo
y como consecuencia tiene que pagar a la UTE algo más de 70 millones de euros (44 millones por la diferencia entre la
inversión realizada y amortizada hasta el momento, y más de 26.3 millones por
lucro cesante).
La conselleria
vuelve a sacar un nuevo concurso que se adjudica en 2003, ya no solo por la
gestión del hospital, sino por toda la atención sanitaria. La cápita se incrementa a los 379 euros, casi el doble de la que se
cantidad que se adjudicó en 1999 (204 euros). La adjudicación recae
(curiosamente) en la misma UTE que gestionaba el hospital, y con la que se
había rescindido el contrato.
El informe de la Sindicatura de Comptes del
año correspondiente, señaló que ni el pliego de cláusulas de explotación, ni el
contrato, contemplaban la indemnización por lucro cesante en el supuesto de
resolución del contrato por mutuo acuerdo. La actuación llevada a cabo no era
procedente.
El sistema de pago capitativo era la clave
del sistema para garantizar los beneficios a la concesionaria: minimizar el gasto del paciente y
aumentar en lo posible los beneficios de los procesos por paciente fuera del
área de salud. Es sencillo: la tasa de beneficio es mayor, si el habitante no
usa el servicio. Reducir al máximo el gasto del paciente “per cápita” y
aumentar lo posible el pago por procesos de pacientes de fuera del área de
salud, se convirtió en una práctica habitual. Además, se concedió la libertad
al hospital de atender a ciudadanos de fuera de su área sanitaria para
incrementar su facturación.
A pesar de los malos
resultados económicos, Camps amplió la fórmula a los hospitales de Torrevieja,
Dénia, Manises y Vinalopó, de manera que más de un 20% de la población
valenciana estuvo bajo este modelo de gestión.
En el caso del
Hospital de Manises, de nuevo se produjo una amenaza de quiebra que tuvo que
ser solucionada por la Administración ampliando el área de cobertura geográfica
del Hospital sin exigírsele la correspondiente ampliación de las
infraestructuras, los equipamientos ni la plantilla.
Este modelo se
caracterizó siempre por la opacidad, la elevada rotación de personal y los
bajos ratios de efectivos humanos (un 20% menos que en los centros públicos).
La ineficiencia económica y el descontrol público de la gestión de las
concesiones, permitió a estos departamentos tener tecnologías o servicios, no
en función de las necesidades globales del sistema, sino de sus propios
intereses como empresa.
Las concesionarias adaptaban los servicios que ofrecían
a los beneficios que obtendrían atrayendo a pacientes de departamentos cercanos
que pudieran carecer de esa tecnología.
Se trató de un modelo
que el PP implantó sin ningún tipo de evaluación, sin diálogo, ni consenso, en
una mera decisión política del Partido Popular. Un modelo que mercantilizó la
atención sanitaria, considerándola un bien de consumo más.
LOS RECORTES EN SANIDAD DEL PARTIDO
POPULAR
El PP justificó sus recortes en derechos argumentando que habíamos
vivido por encima de nuestras posibilidades, que el sistema era ineficiente, y
que el gasto había crecido excesivamente.
El PP ha generado una enorme preocupación social afirmando que la
sanidad no es sostenible. Bajo la falsa premisa de que el sistema no es
sostenible, intentan inculcar que no hay más soluciones que las adoptadas por
el PP, generando un sistema sanitario dual: dependiendo de si la población
puede o no pagarlo.
Los recortes del Partido Popular:
·
Decreto 1/2012: recortes en derechos laborales y
salariales de los trabajadores.
·
Contención del gasto: cobrar por la renovación de
tarjeta sanitaria, menús únicos básicos en hospitales, disminución de
sustituciones, disminución de efectivos de guardias, cierre de centros de salud
a las 15 y 17h en verano, cierre de servicios de urgencia extra hospitalarios,
reducción de medidas en higiene…
·
El Gobierno Central aprueba el Real Decreto Ley
16/2012: diferencia entre titular y beneficiario, destruyendo la idea de
sanidad universal. Se deja sin acceso a los inmigrantes sin papeles.
·
Copago farmacéutico: el porcentaje de copago
fluctuaba entre el 40% y el 60% para personas en activo, y entre el 60% y el
10% para pensionistas, con un máximo de 60 euros.
·
Se suprime un artículo en la ley de presupuestos
de 2013, por el que las personas con discapacidad quedaban exentos de pagar
medicinas y prótesis.
·
Recortes económicos a la ley de dependencia.
·
El PP presenta dos enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado, por
las que cualquier ciudadano español, que haya agotado sus prestaciones, salga
de nuestro país y esté más de 90 días seguidos fuera, pierde derecho a la
asistencia sanitaria.
LAS CONSECUENCIAS DE LA GESTIÓN DEL
PARTIDO POPULAR EN LA SANIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Tras 20 años de Gobierno de Partido Popular, la situación de la sanidad
de la Comunitat era insostenible:
- Éramos la Comunitat que menos dedicaba
a sanidad por habitante y año (unos 200 euros menos que la media estatal).
- Ratio más bajo de camas hospitalarias
(2 por mil, frente a la media del 3 por mil del Estado).
- La Comunitat era tercera por la cola en
ratios de personal médico y enfermería.
- EL PARTIDO POPULAR NO RECONOCÍA LAS
LISTAS DE ESPERA. Cuando comenzó a Gobernar el Botànic, aparecieron más de
10.000 pacientes que estaban esperando, pero NO en listas de espera.
- Impagos a proveedores, asociaciones de
enfermos y del tercer sector o a farmacias.
- Oscurantismo, falta de información,
participación y transparencia.
- Dejación de la promoción y prevención
de enfermedades.
- Dejación de la atención a la salud
mental, así como la rehabilitación y reinserción del enfermo mental.
Carencia de profesionales y residencias asistidas, y olvido de la atención
en salud mental infantil.
- Problemas en la atención a crónicos y en el sistema sociosanitario. Una mayor supervivencia de la población requiere un mayor esfuerzo en la tención a crónicos. Por el contrario, el PP olvidó la atención a crónicos y además, desmanteló el sistema de dependencia.
EXTENSION DE DERECHOS FRENTE A RECORTES : SANIDAD PÚBLICA Y
UNIVERSAL con el PSPV-PSOE, FRENTE A LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD con el PP
La sanidad pública
de calidad es un bien irrenunciable, y constituye una política fundamental para
la calidad y la cohesión social.
La prioridad del
Botànic desde que llegó al gobierno en 2015, fue la recuperación de derechos y
la instauración de una Sanidad Pública Universal de calidad.
LOS AVANCES EN SANIDAD DEL GOVERN DEL
BOTÀNIC
- Recuperar la sanidad universal. Alrededor de 1.600.000 personas se
han visto beneficiadas por estas medidas de recuperación de derechos.
- Eliminación de copagos farmacéuticos a pensionistas con pensión
inferior a 18.000 euros al año y a personas con discapacidad y
dependientes (menores con discapacidad igual o superior al 33% y mayores
con discapacidad igual o superior al 66%).
- Medidas contra la pobreza farmacológica. En el presupuesto de
2019, hay 93,4 millones de euros en ayudas:
a.
Copago pensionistas (41,6 millones de euros)
b. Personas
con discapacidad y dependientes (8,3
millones de euros)
c. Colectivos de menores vulnerables (8 millones
de euros)
d. Colectivos
en situación de pobreza farmacológica (10 millones de euros)
e. Familias
monoparentales (5 millones de euros)
f. Beneficiarios Renta Valenciana de Inclusión
(10 millones de euros)
g. Colectivos
con ingresos inferiores al SMP (10,5 millones de euros)
- Se ha tratado a todos los pacientes con hepatitis C, más de 13.000
personas. La inversión ha sido de 278 millones de euros.
- Recuperación del Sistema Sanitario Público. El 1 de abril de 2018, el departamento de Salud de la Ribera pasó a ser de gestión pública, y está previsto que antes de finalizar la legislatura se recuperen el departamento de Dénia y las externalizaciones de servicios alta tecnología (gestión pública de las resonancias magnéticas).
- La situación en los departamentos recuperados es
de normalidad: más trabajadores, se han aumentado prestaciones y se han
previsto inversiones tanto en primaria como en especializada.
- Planes de estabilidad laboral: se han puesto en marcha OPES
paralizadas desde hace años y otras nuevas, de forma que se ha pasado de un
37% de temporalidad a un 8%.
- Nueva estrategia de salud mental.
- Plan de lucha contra el suicidio.
- Estrategia contra el daño cerebral adquirido.
- Plan de salud sexual y reproductivo.
- Plan de infraestructuras: más de 350 millones de euros tanto para
nuevas infraestructuras como para mantenimiento y rehabilitación de
centros y compra y renovación de tecnología.
- Modificación de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, y
aprobación de la Ley de Muerte Digna.
- Todos los centros sanitarios son espacios libres de violencia de
género y cuentan con planes de igualdad.
- Buen gobierno, transparencia, y participación.
Para el año 2019, tenemos los mayores presupuestos de la historia en
materia de sanidad (6.635 millones de euros), superando en 1.200 millones el
último presupuesto del PP. Con un incremento de inversiones en más del 41%
respecto a 2018, y más del 100% con respecto al último del PP.
Queda mucho por hacer, y estos son nuestros retos:
- Seguir avanzando en la recuperación de
derechos.
- Continuar con la recuperación del
Sistema Sanitario Público.
- Atención a la cronicidad y al
funcionamiento del sistema sociosanitario de forma conjunta y coordinada.
- Abordaje de nuevas tecnologías y nuevos
tratamientos.
- Genómica: desde el punto de vista clínico
y de la investigación.
- Investigación y desarrollo en
biomédica.
- Sostenibilidad del sistema.
- Potenciación de la salud mental.
- Potenciación de la atención primaria
como eje vertebrador del sistema.
- Accesibilidad al sistema y abordaje de
las listas de espera. Para el próximo 2019 se han presupuestado 27
millones de euros.
A pesar de las dificultades, la infrafinanciación y la pésima gestión
realizada por los últimos gobierno del Partido Popular, este Consell priorizará
siempre los esfuerzos en los derechos de los valencianos y valencianas.
Estamos demostrando que otra forma de gestionar es posible: la sanidad
pública y de calidad es un bien irrenunciable y constituye un apolítica
fundamental para la calidad y la cohesión social.
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