S.O.S. CATALUÑA
PROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE
SERVEIS A LES PERSONES :
Una bomba de relojería en los
bajos del Servicio Nacional de Salud.
El Vicepresidente y conseller de
Economía de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés (ERC, Esquerra Republicana
de Catalunya) presentará durante el mes de octubre este Proyecto de Ley al
Parlament, para su aprobación.
Con esta Ley, los dirigentes
independentistas muestran su verdadero rostro neoliberal tras cinco años en los
que el “Procés” les ha servido de cortina de humo para que los brutales
recortes efectuados durante su mandato no les pasaran factura a nivel
electoral.
Pero esta Ley es el final del
camino : se trata nada más y nada menos de ofrecer a la iniciativa privada la
gestión de todo el conjunto de los principales servicios públicos, incluídas
por supuesto la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales.
Literalmente es como inaugurar
una feria en la que se exponen al público (las empresas privadas) toda la gama
de servicios públicos que pueden ser objeto de contratación con la
Administración para su gestión privatizada.
El camuflaje con el que se
presenta esta Ley es de tal calibre que en la Exposición de Motivos se alega
que se trata de una trasposición de la legislación comunitaria, en concreto de la
Directiva Europea 2014/24/UE, que según la exposición de motivos de la Ley
“obliga” a las Administraciones a licitar en concursos estos servicios.
Una gran mentira. Otra más.
En realidad, la Directiva dice
textualmente que los servicios públicos que puedan ser gestionados directamente
por organismos públicos no tienen porqué ser sacados a concurso.
Solo cuando estos servicios no se
puedan proporcionar (justificadamente) por medios propios de la Administración
se podrá acudir a la contratación externa.
El largo camino que ha conducido
a la presentación de esta Ley responde a una estrategia que ha sido
repetidamente utilizada por todos los gestores conservadores de la Sanidad
pública : aprovechar su estancia al frente de la administración para deteriorar
conscientemente la calidad de la sanidad pública hasta tal punto que la opción
de privatizar la gestión parezca la única forma de solucionar las crisis que
ellos mismos han creado.
El caso de Cataluña es
paradigmático : la asignación presupuestaria por habitante para la sanidad
pública (1.193 euros/año) es la más baja entre todas las comunidades autónomas,
con mucha diferencia.
Y las consecuencias de esa
paupérrima atención presupuestaria a la sanidad pública son evidentes : la peor
respuesta de toda España en demora de la Atención Primaria (solo el 21% de los
catalanes obtienen cita en 24 horas)
Eso sí, con ese dramático deterioro
del servicio público la tasa de privatización de la sanidad en Cataluña (29%)
lidera con mucha diferencia a la de todas las comunidades autónomas españolas :
Cataluña es el paraíso de la sanidad privada en España.
Y buena parte de esa gran
presencia de la actividad privada está financiada con fondos públicos.
Cataluña es la comunidad autónoma
en la que más parte del presupuesto sanitario público se dedica a conciertos de
externalización con la industria sanitaria privada. Nada menos que el 25% del
presupuesto sanitario público va a parar a manos privadas.
Y seguir por ese camino es lo que pretende la Ley de Contratos de los Servicios a las Personas que se pretende aprobar en el Parlament en este mes de Octubre.
Privatización de la gestión, deterioro imparable de la calidad de la asistencia sanitaria pública y precarización creciente, todavía más, de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios.
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