La parte del gasto sanitario público español que está actualmente externalizado (es decir, derivado a empresas privadas para su ejecución) asciende a más de 6.300 millones de euros, casi un 10% del total.
El grado de externalización de ese gasto sanitario público varía mucho de unas comunidades a otras, llevándose la palma las comunidades de Cataluña (25,1%), Madrid (12,4%), Baleares (10%) y Canarias (10%).
Las actividades que se externalizan en mayor medida son las no estrictamente sanitarias, como el transporte sanitario, la limpieza, el mantenimiento, la seguridad, la hostelería, etc.
Pero también se externalizan actividades diagnósticas, como las relacionadas con el diagnóstico por imagen ( TAC, Resonancia Magnética) o con la Analítica en general.
Incluso actividades estrictamente terapéuticas como las Quirúrgicas, la Hemodiálisis, la Fisioterapia y Rehabilitación, la Medicina Nuclear, etc.
En conjunto, un bocado muy apetitoso para la industria sanitaria privada a la que va a parar ese ingente volumen de 6.300 millones de euros...al año.
Por eso cuando desde cualquier administración regional se intenta revertir a la gestión pública cualquiera de las actividades externalizadas, la reacción de la industria privada es contundente.
En la Comunidad Valenciana, la llegada de la nueva administración socialista en 2015 marcó desde el principio una clara estrategia de regreso a la gestión pública, de acuerdo con los compromisos electorales de las fuerzas políticas que sustentaban al nuevo gobierno socialista de la Comunidad.
En abril de 2018 no se renovó la concesión administrativa del Departamento de salud de La Ribera, que se recuperó, y se anunció la firme intención de revertir a la gestión pública el Departamento de salud de La Marina dos años antes de la caducidad del contrato de concesión.
En Noviembre de 2018, a la expiración del contrato de externalización del servicio de Resonancia Magnética y TAC, la Consellería de Sanitat ha comenzado el proceso de reversión de este servicio a la gestión pública, en los hospitales públicos.
Parece que algunas de las empresas privadas concesionarias de estos servicios sanitarios públicos (en su mayoría pertenecientes a grandes corporaciones multinacionales) están dispuestas a presentar una seria resistencia a estos procesos de recuperación de la sanidad pública.
Esa resistencia se manifiesta en una contínua campaña de agitación mediática, distribución de panfletos, edición subvencionada de libros, querellas ante los juzgados dirigidas por importantes bufetes de abogados, y un largo etcétera de actividades que cuentan con un fuerte respaldo económico.
Es obvio que a medida que se acerque la fecha de las elecciones autonómicas de mayo 2019 esta campaña denigratoria de la sanidad pública se incrementará y mucho.
Porque mucho es el volumen de negocio que está en juego : ¡nada menos que 6.300 millones de euros!
Atentos...
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