En Socialistas por la Sanidad Pública estamos absolutamente por la reversión a la gestión pública directa de todos los servicios sanitarios de titularidad pública actualmente externalizados y gestionados por empresas privadas.
Pero igualmente tenemos absolutamente claro que nuestra prioridad es garantizar ante todo la calidad de la asistencia sanitaria a la ciudadanía, incluyendo la eficacia y la prontitud de esa asistencia.
Viene lo anterior a cuento de la reversión al sistema público del servicio de diagnóstico por Resonancia Magnética, que en la actualidad se realiza muy mayoritariamente a través de empresas privadas y cuyos contratos de concesión administrativa han finalizado este 1º de noviembre.
Parece que desde la Consellería de Sanitat se ha afrontado esta situación con un variado paquete de medidas, que incluyen la licitación de nuevos contratos de gestión privada en algunos casos, la reversión a la gestión directa en otros y, complementariamente, nuevos contratos de externalización para cubrir los déficits de capacidad de "producción" en los casos en que los equipos bajo gestión pública directa son incapaces de atender con la debida prontitud las demandas de asistencia.
Estamos convencidos de que ésta es la fórmula adecuada : avanzar en el objetivo general de la reversión a lo público en la medida en que las posibilidades económico-presupuestarias y de personal facultativo y técnico lo permitan... pero garantizando siempre que en ningún caso se empeora la calidad y la prontitud de la asistencia a los pacientes. Es más : cualquier estrategia de reversión debe incorporar precisamente la mejora de la calidad y la prontitud, en la actualidad francamente mejorables.
Porque lo único que consideramos verdaderamente inadmisible sería la continuidad de la actual situación en que la demora media para una resonancia magnética es de cuatro meses y que en algunos casos puede llegar a alcanzar los doce meses....y encima pagada a precio de oro de forma totalmente injustificada.
El resto de aspectos, aún siendo todos ellos muy importantes, son secundarios.
Entre ellos, el coste de la externalización. En los contratos que ahora acaban de expirar (firmados bajo la administración sanitaria de los anteriores gobiernos del Partido Popular), las condiciones económicas equivalían prácticamente a un saqueo de las arcas públicas, con un precio medio por resonancia facturada a la consellería de 257 euros.
La misma empresa que le facturaba a Sanitat a este precio desorbitado, en su clínica privada lo ofertaba a sus pacientes a 210 euros.
Otras clínicas privadas dedicadas a este negocio ofertan las resonancias en una gama de precios que van desde los 150 euros la más económica hasta los 170 y 180 en las demás.
Y finalmente, la auditoría 2016 de la Sindicatura de Comptes estimaba que el coste incremental de la resonancia hecha por gestión pública directa oscilaría alrededor de los 108 euros.
En los nuevos pliegos de condiciones de externalización del servicio, la gestión del equipo negociador de la Consellería ha conseguido reducir muy considerablemente el precio anterior, prácticamente a la mitad.
Otro aspecto de la cuestión es la situación del personal de las empresas privadas en los casos en que se produzca la reversión del servicio de resonancias a la gestión pública directa, y cuyo encaje jurídico parece complicado.
